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Gentileza
de Info Tábano 
La organización
británica Amnistía Internacional
busca imponer
el aborto en Hispanoamérica
con
financiación de la Fundación
Ford de
Estados Unidos
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Por Edgar Schmid
Una de las principales organizaciones “defensoras”
de los derechos humanos (según el nuevo órden mundial anticristiano el aborto
es un derecho humano, y oponerse a él es ir contra los derechos humanos)
intensificó la semana pasada su promoción del aborto y apuntó a
Hispanoamérica , especialmente a Nicaragua.
La asociación ultraizquierdista Amnistía Internacional exigió que los
gobiernos despenalizaran el aborto inmediatamente en una declaración
publicada el 28 de septiembre, en coincidencia con el «Día por la
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe».
La organización de derechos humanos se refirió concretamente a Chile, El
Salvador y Nicaragua al decir que es «vergonzoso» que estos países tengan
leyes que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia.
Amnistía Internacional, que alguna vez fue neutral respecto del aborto – fue
fundada por un católico converso en 1961 –, ahora surge como un ruidoso
proponente de dicha práctica. Recibió una donación de un millón de dólares en
2009 por parte de la Fundación Ford , la cual promueve el control de la
población desde hace muchos años y subvenciona a las organizaciones que
promueven el aborto y la anticoncepción en los países en desarrollo.
En su publicación de la semana pasada,
Amnistía reservó sus críticas más duras para Nicaragua. Dijo que ese país
«retrocedió», porque recientemente penalizó el aborto bajo cualquier
circunstancia. La organización de derechos humanos y sus socios nicaragüenses
enviaron 37 000 firmas al presidente Daniel Ortega para exigir que derogue
las leyes de su país que penalizan el aborto.
La publicación de Amnistía Internacional parece haber sido pensada para
generar gran preocupación al decir que la prohibición del aborto fomenta el
suicidio y el aborto autoprovocado. Asimismo, afirma que, en los países donde
el aborto es delito, «si una mujer o niña es violada por un familiar, la
penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano
o primo».
La declaración elogia a Cuba, que despenalizó
el aborto hace varias décadas, y también a Ciudad de México, que hizo lo
mismo en 2007.
Según el documento publicado, los instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos exigen la despenalización del aborto en todos los países
de América hispana y el Caribe. Sin embargo, no existe el derecho al aborto
en ningún tratado de la ONU de derechos humanos. La Convención Americana de
Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua, en su lugar, consagra
expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Amnistía Internacional apuntó en otra oportunidad a las leyes nicaragüenses
que protegen la vida. El año pasado adujo que las leyes de ese país
centroamericano dan lugar a la tortura o, al menos, al trato cruel, inhumano
y degradante, y que, por lo consiguiente, violan la Convención de la ONU
contra la Tortura.
El año pasado, la Fundación Ford – a quién se acusa de ser un sello de la
CIA- destinó su millonaria donación a la Campaña Global de Amnistía
Internacional por la Dignidad Humana. Ésta se propone considerar las
«consecuencias que tiene la negación de la dignidad humana sobre la salud y
los hogares de las personas».
El folleto de promoción de la campaña por la dignidad mundial se centra en la
mortalidad materna, el VIH/SIDA y los derechos humanos. En él se dice que las
muertes maternas son causadas por los abortos practicados en condiciones
inseguras y que quienes viven en la pobreza carecen del debido acceso a la
educación sexual y otros «servicios de salud esenciales», lo cual «les priva
del derecho a controlar sus vidas reproductivas».
La campaña intenta promover un «programa mundial de captación de apoyos y de
activismo». No obstante, Amnistía afirma su independencia frente a cualquier
«gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso».
Hace muy poco, en 2005 , Amnistía declaraba públicamente: «No hay un derecho
al aborto generalmente aceptado en la legislación internacional sobre
derechos humanos». Su cambio de postura en 2007 hacia la militancia abortista
llevó a que muchos líderes e instituciones católicas retiraran su apoyo a la
organización.
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