INDIGENAS Y PETROLERAS SUSCRIBEN PRIMER ACUERDO EN AMERICA LATINA
 
Andrés Soliz Rada
 
Las ONG han logrado que transnacionales petroleras y “naciones”
indígenas suscriban en Bolivia un primer acuerdo de espaldas a los
Estados de la región. Un comunicado de la Asamblea del Pueblo Guaraní
en Itika Guazú (APG IG) considera que el convenio firmado por los
guaraníes del departamento de Tarija con Repsol, British y Total E & P

es el primero de esta naturaleza firmado en América Latina con una
empresa multinacional petrolera y que, por tanto, esperamos que tenga
repercusiones en las prácticas de la industria petrolera, siendo
también un aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las
comunidades indígenas bolivianas y latinoamericanas. Este comunicado
tiene la finalidad de cumplir con los principios de transparencia
financiera o corporativa y debe servir como notificación a los efectos
legales oportunos”.
 

El comunicado,  expedido el 15-III-11, lleva las firmas del directorio de la APG IG.
 
Al Acuerdo entre la Asamblea y la española Repsol, se sumaron la
inglesa British Gas y la francesa E & P (Total), las que operan en los
mega campos de gas que tiene Bolivia en su frontera con Argentina. El
comunicado da cuenta que en marzo de 2011 se dio comienzo a la
actividad financiera del “Fondo de Inversión Itika Guazú”, que contará
con una inversión de 14.8 millones de dólares, cuya duración será de
diez años renovables. Explica que los fondos fueron depositados en el
Banco do Brasil, el que ha aceptado ser gestor del Fondo, lo que
permitirá contar con su asesoramiento financiero a largo plazo. Añade
que el uno por ciento de la suma citada (alrededor de 135.000
dólares-mes), beneficiará mensualmente a los guaraníes de la zona, el
que será invertido en programadas de salud, educación y vivienda.
Puntualiza que el Acuerdo, cuyos detalles aún no se conocen, fue
aprobado por la Asamblea el 01-XII-2010 y firmado en acto público ante
notario, el 29-XII-2010. Todo parece indicar que la suma citada será
cobrada al Estado, a título de “costos recuperables” a las que las
empresas tienen derecho en la actividad petrolera.
 
Se destaca que el asesoramiento a los guaraníes para la implementación
del Acuerdo, así como la negociación financiera ha sido dirigida por
el argentino-español Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que
opera en 40 países, cuyas oficinas principales están en España,
Bélgica y EEUU. Advierte que el equipo Nizcor está especializado en
derecho mercantil y financiero internacional, así como en derecho
indígena. La APG IG designó en la referida Asamblea a un “Consejo de
Sabios” para recibir los informes de la ONG. La cooperación APG IG y
Nizkor se basa en el reconocimiento jurídico de los usos y costumbres
ancestrales, así como en el derecho internacional en su vertiente de
derecho indígena.
 
El convenio, pese a su supuesto carácter público, fue mantenido en
reserva hasta que el representante tarijeño en el directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luís Lafuente,
hizo saber que los guaraníes se oponen a la ampliación del gasoducto
Villa Montes (lugar de los megacampos) y la ciudad de Tarija. Dejó
constancia que el acuerdo había sido suscrito de espaldas a YPFB y al
gobierno de Evo Morales y que vulnera la nueva Constitución Política
del Estado (NCPE), la que, pese a su carácter indigenista, prescribe
que YPFB es la única empresa facultada para ocuparse de la producción
y comercialización de hidrocarburos y que no podrá transferir sus
derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o
expresa, directa o in directamente (Artículo 361).
 
Por su parte, la autoridad denominada “Defensor del Pueblo de Tarija”,
Andrés Tablada, advirtió que había surgido en el país una especie de
Super Estado”, ya que no le permitieron ingresar a la zona en que
habitan los guaraníes, por no haber obtenido previamente una
autorización de la APG. Los hechos descritos fueron informados por el
periódico “El País”, de Tarija, en sus ediciones del 8, 9 y 12 de
diciembre, en las que publicó declaraciones de Lafuente y Tablada, lo
que motivó una dura reacción de Gregorio Dionis, quien exigió que se
le envíe la lista de los propietarios de “El País” y de quienes
publican anuncios en ese medio, para después añadir que los guaraníes
estaban recibiendo “ataques racistas”, que desconocen los derechos
indígenas. El resto de medios de comunicación, oficialistas y
opositores, no se han ocupado, hasta ahora, de tan importante tema.
 
El avance del indigenismo fundamentalista (o pachamamismo) no
encuentra límite. Los días 7 y 8 de diciembre pasados la Central
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), auspició, en Cobija, Pando
(frontera con Brasil), un amplio encuentro destinado a lograr el
absoluto cumplimiento del artículo 31 de la NCPE, cuyo texto dice:
Las naciones indígenas y pueblos originarios en peligro de extinción,
en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán
protegidos en sus formas de vida individual y colectiva… Gozan del
derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y
consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.  El artículo
17, concede a las naciones y pueblos indígena, originario campesinos
el derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables
existentes en su territorio…”
 
Asistieron al encuentro, además de representantes de ONG, la
viceministra de justicia, Isabel Ortega, y un representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede
en La Paz. En la oportunidad, se elaboró un anteproyecto de ley, en el
que se pone de relieve que las naciones y pueblos originarios en
peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no
contactados, también tienen derecho a su autodeterminación. En este
marco, se informó que el 90 % de los 327 municipios existentes en el
país tiene problemas limítrofes. Los municipios que rodean a la ciudad
de La Paz reclaman territorios ancestrales, los que, por falta de
delimitación, podrían llegar a territorios de países vecinos. La
debilidad del gobierno central se puso de manifiesto ante el avance
del narcotráfico y la imposibilidad de detener el ingreso ilegal de
110 mil automóviles usados, altamente contaminantes, que fueron
legalizados en octubre pasado.