Estados Unidos ha perdido la guerra contra los
narco-cárteles
06.05.2009
Nil
NIKANDROV
En el aeropuerto de la
Ciudad de México, junto con otros pasajeros de un vuelo en
procedencia de Venezuela, yo fui testigo de una operación de los servicios
especiales para intervenir una carga de estupefacientes. Agentes enmascarados y
con uniforme negro sacaron del compartimiento de equipaje del avión y pusieron
a la vista de todos no menos de cuarenta voluminosas maletas todas iguales.
“Buen trabajo —pensé entonces! Hay aquí más de una tonelada de cocaína!” Al día
siguiente la prensa mexicana informó de que esa carga de “polvo estelar” debía
recogerla una tal María Rojas, de nacionalidad venezolana, que finalmente no
acudió al aeropuerto. Ya más tarde comprendí el sentido de ese “narco-show”
ofrecido al público…
En la batalla que
esta librando en América Latina contra los narco-cárteles Estados Unidos está
dispuesto a recurrir a medidas extremas. Su principal instrumento es la
DEA (Drug Enforcement Administration), la cual cuenta con copiosa
financiación (el presupuesto oficial ronda los 2.500 millones de dólares),
nutridos efectivos (entre 6.000 y 7.000 agentes especiales), sofisticados
medios electrónicos de seguimiento, centenares de aviones y lanchas rápidas,
potentes recursos propagandísticos más acuerdos de cooperación con los
servicios homólogos de otros muchos países (aproximadamente 65 países).
Dichos acuerdos, en
muchos casos, otorgan a la DEA posiciones privilegiadas en
la “lucha conjunta” contra el narcotráfico. Por lo demás, la jefatura de la
DEA no tiene reparo en vulnerar las cláusulas restrictivas de esos
convenios cuando así lo requieren los intereses estratégicos de los EEUU. Y en
los hechos se transparentan varios fines ocultos de la
DEA: interceptar los flujos financieros del narcotráfico y quitar de en
medio a los rivales indeseables que uno tras otro van apareciendo en los
inmensos campos de actividad de tan suculento negocio. Los golpes que asesta la
DEA van dirigidos, en primer término, contra aquellas organizaciones
narco-mafiosas que contravienen a los intereses de la agencia. ¿Hasta qué punto
han sido fructuosas estas operaciones en los últimos años?
Entre los objetivos
prioritarios proclamados por Washington en los últimos diez años, figuraba el
de culminar triunfalmente la “cruzada” contra los carteles de Colombia, donde
se encuentra el epicentro del narco-negocio en el hemisferio occidental.
Mediante el Plan Colombia la dirección de la
DEA se proponía arrebatar posiciones dominantes a las organizaciones narco
y, valiéndose de ello, impulsar “la expansión operativa”. Se plantearon también
otros objetivos: desarticular a las guerrillas marxistas de izquierda en
Colombia, repeler a las unidades del narco-negocio colombiano hacia Venezuela
y, posteriormente, hacia Ecuador con el fin de comprometer a los gobiernos de
Hugo Chávez y Rafael Correa, motivar el despliegue de nuevas bases militares
norteamericanas en la región.
Desde 1999 el
Congreso estadounidense ha asignado no menos de 6.000 millones de dólares para
llevar a cabo el Plan Colombia. Sin embargo, el balance es deplorable. En 2008
el narco-negocio “independiente” —es decir, no controlado por operadores de la
DEA— amplió la superficie de sus sembrados de coca en un 26% y aumentó en
un 16% la producción de cocaína en sus laboratorios secretos. El Plan
contemplaba reducir la producción anual de cocaína en el país a la mitad, o sea
hasta 300 toneladas. El objetivo no se logró, en muchos documentos analíticos
referidos a la situación en Colombia en los años 2008 y 2009 figura la cifra de
600 toneladas.
El fracaso del
Plan Colombia ha tenido pésimas repercusiones en el combate contra el tráfico
de alucinógenos desde América Latina a los EEUU y Europa. Los dobles raseros
aplicados por la agencia antidrogas estadounidense en la lucha contra el
narcotráfico fueron interpretados por las agrupaciones del crimen organizado
como una especie de carta blanca para que intensificaran sus actividades,
encubriendo de modo más sutil los suministros de la “narco-mercancía” y seguir
engrosando las filas del ejército de drogadictos.
La droga colombiana
empezó a llegar en creciente volumen al “mercado de consumo” estadounidense. En
la mayoría de los casos se empleaban canales de tráfico ilícito de cocaína,
heroína y marihuana a través de países centroamericanos, caribeños y México.
Los expertos y propagandistas de la DEA procuraban que “la opinión
pública mundial” se fijara precisamente en esas rutas. Desde el punto de vista
político convenía valerse del tema de las drogas para arremeter contra los
regímenes de cuño izquierdista. Las representaciones de la
DEA que operaban en Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países
“ideológicamente hostiles”, echaban mano de la problemática de la lucha contra
las drogas ilícitas para difundir una imagen ennegrecida de los gobiernos no
gratos a la Administración norteamericana, acusándoles
de prestar protección encubierta a la “narcoguerrilla” y al narco-negocio. Los
agentes de DEA ponían en tela de juicio la eficiencia de los servicios
antidroga de estos países y con frecuencia obstaculizaban intencionadamente su
labor. Esa actitud era tan evidente que los latinoamericanos no podían menos de
reaccionar. El primero en poner fin a la actividad de la
DEA en su país fue el presidente venezolano Hugo Chávez. Este
ejemplo fue seguido por su homólogo boliviano Evo Morales. En Ecuador, Rafael
Correa ha decido el cierre de la base de Manta, que venía siendo presentada por
los norteamericanos como un centro regional de control del narcotráfico.
El mandatario
boliviano, en una reciente intervención ante la Academia Nacional de Policías, ha sido sumamente
explícito en su apreciación de la cooperación con los norteamericanos: «Lo
peor — dijo — es que la DEA no luchaba contra el
narcotráfico, sino que lo fomentaba». Es así como la DEA actuó en Bolivia durante 30
años. Morales recordó que los norteamericanos habían utilizado las ganancias
producidas por la venta de cocaína boliviana para financiar la guerra sucia de
los contra en América Central. Casi todas las grandes “fábricas” de
estupefacientes instaladas en el departamento de Santa Cruz contaban con
protección de la DEA. Hubo otro caso muy sonado: en
1995 agentes antidrogas contribuyeron al vuelo de un avión que salió de Bolivia
con destino a los EEUU llevando una carga de 4 toneladas de cocaína. Luego esta
práctica se tornó rutinaria; para justificarla se alegaba la necesidad de
efectuar “entregas de control” para revelar los conductos utilizados por la
narcomafia. En 2003, la representación de la
DEA en La Paz, actuando a través de la
Unidad de Investigaciones Financieras boliviana indagó las cuentas
bancarias de varios políticos del bloque indígena de izquierda —Evo Morales,
David Choquehuanca, Marcel Quezada y otros– que por aquel entonces estaban
ganando respaldo electoral e influencia. Los intentos de varios militares y
policías de inspiración patriótica de denunciar semejantes hechos solían dar
lugar a persecuciones e incluso la liquidación física de estas personas.
El empeño de la
DEA en asegurarse conductos fiables pata el envío a los Estados
Unidos de los “narco-lotes de control”—a través de América Central, México y
países del Caribe— hizo que surgieran en la región sólidas estructuras
mafiosas, que actuando bajo la sombrilla de la
DEA no se olvidaban de cuidar sus propios intereses
comerciales.
El potencial corruptivo de esas estructuras alcanzó tales proporciones que
muchos oficiales de la DEA empezaban a colaborar con
ellas. El número de expedientes internos aumenta de año en año, a los tránsfugas
los encarcelan, los expulsan de la agencia, pero cada vez hay más prósperos
narcotraficantes, que se valen de las técnicas más promisorias elaboradas por la
DEA.
En México, por
ejemplo, la influencia corruptiva de la narcomafia ha alcanzado tal nivel
crítico que resulta imposible no advertirlo. Ante esta situación, el presidente
Felipe Calderón asumió el papel de “escombrador” y proclamó como tarea
prioritaria la garantía de la seguridad pública. Efectivamente, ha puesto manos
a la obra, pero en dos años de guerra encarnizada contra el hampa
narcotraficante en todo el territorio del país no ha logrado un vuelco decisivo
en la situación. Las comisarías de México se asemejan a las fortificaciones del
Muro Atlántico construido por los alemanes durante la II Guerra Mundial. Los ataques con granadas y a balazo con uso
de novísimos modelos de armas automáticas, la táctica de asaltos de
“narcocomandos” contra columnas militares y puestos policiales de control en
las carreteras han pasado a ser moneda corriente.
En 2008 se
registraron en México casi 6.000 muertos en ajustes de cuenta entre los
narcocárteles y acciones preventivas de las fuerzas de mantenimiento del orden
público y unidades militares. A juzgar por las cifras registradas en los
partes, la siniestra estadística de la “narcoguerra” en México va notablemente
por delante de las bajas de las “fuerzas expedicionarias” en Irak. Muchos expertos no
descartan la posibilidad de que los servicios especiales de los Estados Unidos
y, en primer término, la DEA estén provocando
intencionadamente los conflictos que estallan entre “carteles incontrolados” en
el territorio de México, para frenar la expansión y el afianzamiento de sus
estructuras en Estados Unidos.
Los principales
proveedores de armamento para los narcocárteles mexicanos son hombres de
negocios vinculados con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Las armas “made in USA”
están sembrando la muerte no sólo en México. Son altamente cotizadas entre los
integrantes de las formaciones paramilitares en Colombia, entre los extremistas
de derecha en Venezuela, en las comunidades criminales de Latinoamérica. Hasta
el momento no ha sido condenado ningún traficante de armas norteamericano. La
justicia estadounidense busca a culpables por todas partes, menos en su país.
Valga recordar aquí el caso del ciudadano ruso Víctor But, al que los
norteamericanos acusan de todos los pecados mortales, incluyendo el suministro
de armas a Colombia. Sí, es verdad que este país está abarrotado de modernas armas
portátiles y otros tipos de armamento. Pero en un 90% son armas... ¡fabricadas
en los Estados Unidos! Cuando aparece algún que otro Kalashnikov, por lo
general se trata de copias de procedencia china o búlgara. Los dirigentes de
las estructuras de fuerza y la Procuraduría General prepararon para el
presidente Calderón un informe analítico sobre “Tráfico ilícito de armas de
Estados Unidos a México”. En este documento se confirma que los carteles del
Golfo, Sinaloa, Tijuana y otros reciben regularmente de Estados Unidos
importantes partidas de armas, que las más de las veces son utilizadas por
grupos de sicarios conocidos en México con el nombre de Los Zetas y que
de hecho son destacamentos de combate de los narcocárteles.
En arsenales de los
narcocárteles y de Los Zetas se encontraron misiles antitanque y
lanzagranadas de novísimos modelos, 28.000 unidades de armas de tiro y 3,5
millones de municiones diversas. Los entendidos estiman que hasta ahora sólo se
ha descubierto una décima parte del armamento de los carteles mexicanos, los
cuales actúan en estrecho contacto con sus congéneres estadounidenses.
Se pronostica que
la narcoguerra de México proseguirá con creciente intensidad traspasando con
mayor frecuencia las fronteras nacionales. En el sur, ya ha afectado a
Guatemala y se ha cobrado víctimas en todos los países centroamericanos.
Narcoemisarios colombianos y mexicanos van echando raíces en todo el continente
sudamericano. En el norte, la narcoguerra de México mantiene en estado de
alerta a la fuerza pública en el territorio estadounidense fronterizo. Se
estudia la posible incorporación de unidades del ejército de los Estados Unidos
para reforzar los sectores más vulnerables de la frontera estatal. Los expertos
emiten previsiones alarmantes. Los narcobarones mexicanos disponen de
amplios resortes para proteger eficazmente sus intereses, pudiendo incluso
desencadenar una guerra asimétrica en los EEUU, donde los narcotraficantes
locales y drogadictos establecidos en los escalones superiores del poder desde
hace tiempo vienen desempeñando el papel de una “quinta columna”.
Tras un año de
estudio multifacético del problema, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia,
encabezada por tres ex presidentes latinoamericanos —Ernesto Zedillo, de
México, César Gaviria, de Colombia, y Fernando Enrique Cardoso, de Brasil—
publicó un informe en el que constata sin ambages la plena derrota de los
Estados Unidos en la guerra contra el narconegocio: “Estamos más lejos que
nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas» Colombia es un
claro ejemplo de ello. Durante decenios, este país ha adoptado todas las
medidas de combates imaginables, pero los beneficios no se corresponden con los
enormes gastos y costos humanos. Otro tanto cabe decir con respecto a la Iniciativa de Mérida para combatir el narcotráfico en México.
Las recomendaciones de la Comisión son de carácter general, y
una de ellas ya se formuló reiteradas veces en el pasado: hay que reforzar la
lucha contra la droga en los principales países consumidores, es decir, en
Estados Unidos y en Europa.
Valga aquí recordar
el “narco-show” al que asistí en el aeropuerto de la
Ciudad de México. La DEA intentó presentar la
captura de esas maletas con cocaína como una exitosa operación conjunta de los
Estados Unidos y México para cortar el “canal venezolano” de narcotráfico. Con
ello venía a decir: el Gobierno bolivariano suspendió la cooperación con la
DEA, y ya ven ustedes el resultado, la narcomafia local se ha descarado a
tal punto que ya está actuando casi sin tapujos. Hacen falta más pruebas de que
el régimen de Chávez protege al narconegocio?
Por supuesto, las
autoridades venezolanas reaccionaron a tales acusaciones y empezaron a indagar
las circunstancias relacionadas con el empleo de un vuelo de la compañía
Mexicana de Aviación para el transporte de cocaína. Salió entonces a relucir la
complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional venezolana que colaboraban con la
DEA. A los pasajeros comunes y corrientes del mencionado vuelto
nos obligaban a sacar todo de los bolsillos y nos radiografiaban en cada etapa
del embarque, mientras que los “guardias de la
DEA” pudieron simplemente arrimar su camioneta al avión y cargar las
maletas de cocaína en el compartimiento de equipaje del Boeing. Por lo demás,
la investigación oficial del caso en Venezuela pronto se estancó. Uno de los
participantes de la operación de envío de las narcomaletas fue hallado
acribillado a balazos en las afueras de Caracas, los demás desaparecieron sin
dejar rastro.
Se habrá salvado
algunos de ellos? Quién sabe? Durante el mandato de G. Bush la
DEA, igual que la CIA, obtuvo licencia para
“ignorar las reglas del juego”. Seguirá gozando de esa licencia bajo la
presidencia de Barack Obama? Sería ingenuo esperar una respuesta sincera a esta
pregunta. Pero creo que conviene abstenerse de confiar ciegamente en las
estipulaciones de los acuerdos de cooperación con la
DEA. En el trato con este organismo uno siempre corre peligro de
que le pongan la zancadilla. Los latinoamericanos han podido convencerse de
ello en más de una ocasión.