Estados Unidos ha perdido la guerra contra los narco-cárteles

 

06.05.2009

Nil NIKANDROV

 

Cuadro de texto:  En el aeropuerto de la Ciudad de México, junto con otros pasajeros de un vuelo en procedencia de Venezuela, yo fui testigo de una operación de los servicios especiales para intervenir una carga de estupefacientes. Agentes enmascarados y con uniforme negro sacaron del compartimiento de equipaje del avión y pusieron a la vista de todos no menos de cuarenta voluminosas maletas todas iguales. “Buen trabajo —pensé entonces! Hay aquí más de una tonelada de cocaína!” Al día siguiente la prensa mexicana informó de que esa carga de “polvo estelar” debía recogerla una tal María Rojas, de nacionalidad venezolana, que finalmente no acudió al aeropuerto. Ya más tarde comprendí el sentido de ese “narco-show” ofrecido al público

En la batalla que esta librando en América Latina contra los narco-cárteles Estados Unidos está dispuesto a recurrir a medidas extremas. Su principal instrumento es la DEA (Drug Enforcement Administration), la cual cuenta con copiosa financiación (el presupuesto oficial ronda los 2.500 millones de dólares), nutridos efectivos (entre 6.000 y 7.000 agentes especiales), sofisticados medios electrónicos de seguimiento, centenares de aviones y lanchas rápidas, potentes recursos propagandísticos más acuerdos de cooperación con los servicios homólogos de otros muchos países (aproximadamente 65 países).

Dichos acuerdos, en muchos casos, otorgan a la DEA posiciones privilegiadas en la “lucha conjunta” contra el narcotráfico. Por lo demás, la jefatura de la DEA no tiene reparo en vulnerar las cláusulas restrictivas de esos convenios cuando así lo requieren los intereses estratégicos de los EEUU. Y en los hechos se transparentan varios fines ocultos de la DEA: interceptar los flujos financieros del narcotráfico y quitar de en medio a los rivales indeseables que uno tras otro van apareciendo en los inmensos campos de actividad de tan suculento negocio. Los golpes que asesta la DEA van dirigidos, en primer término, contra aquellas organizaciones narco-mafiosas que contravienen a los intereses de la agencia. ¿Hasta qué punto han sido fructuosas estas operaciones en los últimos años?

Entre los objetivos prioritarios proclamados por Washington en los últimos diez años, figuraba el de culminar triunfalmente la “cruzada” contra los carteles de Colombia, donde se encuentra el epicentro del narco-negocio en el hemisferio occidental. Mediante el Plan Colombia la dirección de la DEA se proponía arrebatar posiciones dominantes a las organizaciones narco y, valiéndose de ello, impulsar “la expansión operativa”. Se plantearon también otros objetivos: desarticular a las guerrillas marxistas de izquierda en Colombia, repeler a las unidades del narco-negocio colombiano hacia Venezuela y, posteriormente, hacia Ecuador con el fin de comprometer a los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa, motivar el despliegue de nuevas bases militares norteamericanas en la región.

Desde 1999 el Congreso estadounidense ha asignado no menos de 6.000 millones de dólares para llevar a cabo el Plan Colombia. Sin embargo, el balance es deplorable. En 2008 el narco-negocio “independiente” —es decir, no controlado por operadores de la DEA— amplió la superficie de sus sembrados de coca en un 26% y aumentó en un 16% la producción de cocaína en sus laboratorios secretos. El Plan contemplaba reducir la producción anual de cocaína en el país a la mitad, o sea hasta 300 toneladas. El objetivo no se logró, en muchos documentos analíticos referidos a la situación en Colombia en los años 2008 y 2009 figura la cifra de 600 toneladas.

El fracaso del Plan Colombia ha tenido pésimas repercusiones en el combate contra el tráfico de alucinógenos desde América Latina a los EEUU y Europa. Los dobles raseros aplicados por la agencia antidrogas estadounidense en la lucha contra el narcotráfico fueron interpretados por las agrupaciones del crimen organizado como una especie de carta blanca para que intensificaran sus actividades, encubriendo de modo más sutil los suministros de la “narco-mercancía” y seguir engrosando las filas del ejército de drogadictos.

La droga colombiana empezó a llegar en creciente volumen al “mercado de consumo” estadounidense. En la mayoría de los casos se empleaban canales de tráfico ilícito de cocaína, heroína y marihuana a través de países centroamericanos, caribeños y México. Los expertos y propagandistas de la DEA procuraban que “la opinión pública mundial” se fijara precisamente en esas rutas. Desde el punto de vista político convenía valerse del tema de las drogas para arremeter contra los regímenes de cuño izquierdista. Las representaciones de la DEA que operaban en Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países “ideológicamente hostiles”, echaban mano de la problemática de la lucha contra las drogas ilícitas para difundir una imagen ennegrecida de los gobiernos no gratos a la Administración norteamericana, acusándoles de prestar protección encubierta a la “narcoguerrilla” y al narco-negocio. Los agentes de DEA ponían en tela de juicio la eficiencia de los servicios antidroga de estos países y con frecuencia obstaculizaban intencionadamente su labor. Esa actitud era tan evidente que los latinoamericanos no podían menos de reaccionar. El primero en poner fin a la actividad de la DEA en su país fue el presidente venezolano Hugo Chávez. Este ejemplo fue seguido por su homólogo boliviano Evo Morales. En Ecuador, Rafael Correa ha decido el cierre de la base de Manta, que venía siendo presentada por los norteamericanos como un centro regional de control del narcotráfico.

El mandatario boliviano, en una reciente intervención ante la Academia Nacional de Policías, ha sido sumamente explícito en su apreciación de la cooperación con los norteamericanos: «Lo peor — dijo — es que la DEA no luchaba contra el narcotráfico, sino que lo fomentaba». Es así como la DEA actuó en Bolivia durante 30 años. Morales recordó que los norteamericanos habían utilizado las ganancias producidas por la venta de cocaína boliviana para financiar la guerra sucia de los contra en América Central. Casi todas las grandes “fábricas” de estupefacientes instaladas en el departamento de Santa Cruz contaban con protección de la DEA. Hubo otro caso muy sonado: en 1995 agentes antidrogas contribuyeron al vuelo de un avión que salió de Bolivia con destino a los EEUU llevando una carga de 4 toneladas de cocaína. Luego esta práctica se tornó rutinaria; para justificarla se alegaba la necesidad de efectuar “entregas de control” para revelar los conductos utilizados por la narcomafia. En 2003, la representación de la DEA en La Paz, actuando a través de la Unidad de Investigaciones Financieras boliviana indagó las cuentas bancarias de varios políticos del bloque indígena de izquierda —Evo Morales, David Choquehuanca, Marcel Quezada y otros– que por aquel entonces estaban ganando respaldo electoral e influencia. Los intentos de varios militares y policías de inspiración patriótica de denunciar semejantes hechos solían dar lugar a persecuciones e incluso la liquidación física de estas personas.

El empeño de la DEA en asegurarse conductos fiables pata el envío a los Estados Unidos de los “narco-lotes de control”—a través de América Central, México y países del Caribe— hizo que surgieran en la región sólidas estructuras mafiosas, que actuando bajo la sombrilla de la DEA no se olvidaban de cuidar sus propios intereses comerciales. El potencial corruptivo de esas estructuras alcanzó tales proporciones que muchos oficiales de la DEA empezaban a colaborar con ellas. El número de expedientes internos aumenta de año en año, a los tránsfugas los encarcelan, los expulsan de la agencia, pero cada vez hay más prósperos narcotraficantes, que se valen de las técnicas más promisorias elaboradas por la DEA.

En México, por ejemplo, la influencia corruptiva de la narcomafia ha alcanzado tal nivel crítico que resulta imposible no advertirlo. Ante esta situación, el presidente Felipe Calderón asumió el papel de “escombrador” y proclamó como tarea prioritaria la garantía de la seguridad pública. Efectivamente, ha puesto manos a la obra, pero en dos años de guerra encarnizada contra el hampa narcotraficante en todo el territorio del país no ha logrado un vuelco decisivo en la situación. Las comisarías de México se asemejan a las fortificaciones del Muro Atlántico construido por los alemanes durante la II Guerra Mundial. Los ataques con granadas y a balazo con uso de novísimos modelos de armas automáticas, la táctica de asaltos de “narcocomandos” contra columnas militares y puestos policiales de control en las carreteras han pasado a ser moneda corriente.

En 2008 se registraron en México casi 6.000 muertos en ajustes de cuenta entre los narcocárteles y acciones preventivas de las fuerzas de mantenimiento del orden público y unidades militares. A juzgar por las cifras registradas en los partes, la siniestra estadística de la “narcoguerra” en México va notablemente por delante de las bajas de las “fuerzas expedicionarias” en Irak. Muchos expertos no descartan la posibilidad de que los servicios especiales de los Estados Unidos y, en primer término, la DEA estén provocando intencionadamente los conflictos que estallan entre “carteles incontrolados” en el territorio de México, para frenar la expansión y el afianzamiento de sus estructuras en Estados Unidos.

Los principales proveedores de armamento para los narcocárteles mexicanos son hombres de negocios vinculados con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Las armas “made in USA” están sembrando la muerte no sólo en México. Son altamente cotizadas entre los integrantes de las formaciones paramilitares en Colombia, entre los extremistas de derecha en Venezuela, en las comunidades criminales de Latinoamérica. Hasta el momento no ha sido condenado ningún traficante de armas norteamericano. La justicia estadounidense busca a culpables por todas partes, menos en su país. Valga recordar aquí el caso del ciudadano ruso Víctor But, al que los norteamericanos acusan de todos los pecados mortales, incluyendo el suministro de armas a Colombia. Sí, es verdad que este país está abarrotado de modernas armas portátiles y otros tipos de armamento. Pero en un 90% son armas... ¡fabricadas en los Estados Unidos! Cuando aparece algún que otro Kalashnikov, por lo general se trata de copias de procedencia china o búlgara. Los dirigentes de las estructuras de fuerza y la Procuraduría General prepararon para el presidente Calderón un informe analítico sobre “Tráfico ilícito de armas de Estados Unidos a México”. En este documento se confirma que los carteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana y otros reciben regularmente de Estados Unidos importantes partidas de armas, que las más de las veces son utilizadas por grupos de sicarios conocidos en México con el nombre de Los Zetas y que de hecho son destacamentos de combate de los narcocárteles.

En arsenales de los narcocárteles y de Los Zetas se encontraron misiles antitanque y lanzagranadas de novísimos modelos, 28.000 unidades de armas de tiro y 3,5 millones de municiones diversas. Los entendidos estiman que hasta ahora sólo se ha descubierto una décima parte del armamento de los carteles mexicanos, los cuales actúan en estrecho contacto con sus congéneres estadounidenses.

Se pronostica que la narcoguerra de México proseguirá con creciente intensidad traspasando con mayor frecuencia las fronteras nacionales. En el sur, ya ha afectado a Guatemala y se ha cobrado víctimas en todos los países centroamericanos. Narcoemisarios colombianos y mexicanos van echando raíces en todo el continente sudamericano. En el norte, la narcoguerra de México mantiene en estado de alerta a la fuerza pública en el territorio estadounidense fronterizo. Se estudia la posible incorporación de unidades del ejército de los Estados Unidos para reforzar los sectores más vulnerables de la frontera estatal. Los expertos emiten previsiones alarmantes. Los narcobarones mexicanos disponen de amplios resortes para proteger eficazmente sus intereses, pudiendo incluso desencadenar una guerra asimétrica en los EEUU, donde los narcotraficantes locales y drogadictos establecidos en los escalones superiores del poder desde hace tiempo vienen desempeñando el papel de una “quinta columna”.

Tras un año de estudio multifacético del problema, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por tres ex presidentes latinoamericanos —Ernesto Zedillo, de México, César Gaviria, de Colombia, y Fernando Enrique Cardoso, de Brasil— publicó un informe en el que constata sin ambages la plena derrota de los Estados Unidos en la guerra contra el narconegocio: “Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas» Colombia es un claro ejemplo de ello. Durante decenios, este país ha adoptado todas las medidas de combates imaginables, pero los beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. Otro tanto cabe decir con respecto a la Iniciativa de Mérida para combatir el narcotráfico en México. Las recomendaciones de la Comisión son de carácter general, y una de ellas ya se formuló reiteradas veces en el pasado: hay que reforzar la lucha contra la droga en los principales países consumidores, es decir, en Estados Unidos y en Europa.

Valga aquí recordar el “narco-show” al que asistí en el aeropuerto de la Ciudad de México. La DEA intentó presentar la captura de esas maletas con cocaína como una exitosa operación conjunta de los Estados Unidos y México para cortar el “canal venezolano” de narcotráfico. Con ello venía a decir: el Gobierno bolivariano suspendió la cooperación con la DEA, y ya ven ustedes el resultado, la narcomafia local se ha descarado a tal punto que ya está actuando casi sin tapujos. Hacen falta más pruebas de que el régimen de Chávez protege al narconegocio?

Por supuesto, las autoridades venezolanas reaccionaron a tales acusaciones y empezaron a indagar las circunstancias relacionadas con el empleo de un vuelo de la compañía Mexicana de Aviación para el transporte de cocaína. Salió entonces a relucir la complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional venezolana que colaboraban con la DEA. A los pasajeros comunes y corrientes del mencionado vuelto nos obligaban a sacar todo de los bolsillos y nos radiografiaban en cada etapa del embarque, mientras que los “guardias de la DEA” pudieron simplemente arrimar su camioneta al avión y cargar las maletas de cocaína en el compartimiento de equipaje del Boeing. Por lo demás, la investigación oficial del caso en Venezuela pronto se estancó. Uno de los participantes de la operación de envío de las narcomaletas fue hallado acribillado a balazos en las afueras de Caracas, los demás desaparecieron sin dejar rastro.

Se habrá salvado algunos de ellos? Quién sabe? Durante el mandato de G. Bush la DEA, igual que la CIA, obtuvo licencia para “ignorar las reglas del juego”. Seguirá gozando de esa licencia bajo la presidencia de Barack Obama? Sería ingenuo esperar una respuesta sincera a esta pregunta. Pero creo que conviene abstenerse de confiar ciegamente en las estipulaciones de los acuerdos de cooperación con la DEA. En el trato con este organismo uno siempre corre peligro de que le pongan la zancadilla. Los latinoamericanos han podido convencerse de ello en más de una ocasión.